"Caza migrantes": Trump privatiza la persecución de inmigrantes en Estados Unidos

El ICE lanzó un programa piloto para que “detectives privados” localicen migrantes para ser deportados

Difunde: Comité Autónoma e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT)

24-11-2025

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha lanzado un programa millonario para pagar a “cazas migrantes” que localicen, en tiempo real, a los migrantes que son objetivo de la masiva campaña de deportación, ordenada por Donald Trump. De acuerdo a varios de sus documentos internos, la campaña de persecución está organizado para ubicar a 1,5 millones de personas. Bajo este objetivo, la agencia “proporcionará a los contratistas un lote de 50 mil direcciones conocidas de extranjeros residentes en Estados Unidos”. Luego deberán verificar que dichas personas residan en esas direcciones o localizar su paradero actual y proporcionar esa información a la Oficina de Detención y Expulsión (ERO) de ICE.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ha comenzado a contratar cazas migrantes para localizar y deportar a inmigrantes. Bajo la administración de Trump, se destinan hasta 180 millones de dólares a este esfuerzo, el cual se inspira en propuestas de Erik Prince, fundador de Blackwater.

Estos cazadores deberán utilizar recursos en línea para identificar a inmigrantes y validar su paradero, además de mencionar que compañías privadas ya están ofreciendo incentivos monetarios por cada deportación “cazada”. A su vez, los planes de la Administración Trump para aumentar la eficiencia en la persecución de migrantes, lo que incluye el uso de tecnologías avanzadas y el establecimiento de bases de datos para monitorear y controlar a los inmigrantes detrás de la privatización de la persecución de inmigrantes en EE. UU. En primer lugar, la lógica detrás de la utilización de cazas migrantes refleja un enfoque de mercado en una cuestión de derechos humanos. Además, la combinación de eficacia y deshumanización en la recolección de información y la identificación de migrantes plantea dudas sobre el respeto a la privacidad.

La reacción de las comunidades afectadas y la resistencia es en un choque entre derechos civiles y políticas de control migratorio. Estas medidas están impulsadas por intereses políticos y económicos, destacando el papel de contratistas militares y aprovechamiento de tecnologías emergentes por actores privados con la privatización de la persecución de inmigrantes en EE. UU. de la administración de Trump.

Con un enfoque que combina la eficiencia del estado y los intereses del sector privado, la política de deportación se torna más agresiva profundizando la persecución en contra de los emigrantes sobre todo latinos.

En ese sentido, el llamamiento a la jornada continental por el derecho a migrar (marzo 2026) hecho por los 135 delegados de nueve países —Brasil, Colombia, Guadalupe, Guayana francesa, Estados Unidos y México, así como Ecuador, Perú y Venezuela—, en el marco de la Conferencia Continental por el derecho a migrar, por los derechos de los migrantes, por la soberanía nacional, cobra mayor fuerza con el compromiso de los militantes políticos, sindicalistas, organizaciones democráticas y partidos del continente.